Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado el proyecto de Ley mediante el cual se aclara el artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo relacionado con las compras de los ciudadanos en el espacio público.

La iniciativa presentada por Fabio Fernando Arroyave Rivas, del Valle del Cauca, y respaldada por un grupo de Representantes, entre ellos José Amar Sepùlveda, del Atlántico, tiende a aclarar la mala interpretación que se le ha dado a dicha norma y que recientemente desencadenó con la imposición de un comparendo por $800 mil a un ciudadano por comprar empanadas en la calle.

En consecuencia, con la aclaración se adiciona un parágrafo a dicho artículo, quedando así:

“El adquirir, recibir o comprar productos o servicios en el espacio público no se considerará conducta contraria al cuidado e integridad del espacio público, por lo tanto quien adquiera, reciba o compre productos o servicios en el espacio público no incurrirá en la conducta descrita en numeral 6º”.

Del mismo modo, se adicionan dos incisos al parágrafo 3 del polémico artículo, quedando así:

“Previo a la imposición de sanciones por ocupación al espacio público, en los términos del numeral 4º, las autoridades locales deberán haber adelantado políticas públicas de reubicación de los comerciantes informales a fin de garantizar sus derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital.

“Cuando se adelanten operativos de recuperación del espacio público con ocasión a aplicación de lo previsto en el presente código, estas deberán ser acompañadas por delegados de la defensoría del pueblo y del ministerio público, quienes velaran por la plena garantía de los derechos de comerciantes”.

En la exposición de motivos se hace un pormenorizado recuento del trámite del Código de Policía en el Congreso, concluyendo que “el querer del legislador fue el eliminar la conducta de comprar productos ofrecidos en el espacio público de las conductas contravencionales; además la Corte Constitucional ha señalado en múltiples fallos que la realidad de las ventas informales atiende a factores sociales y económicos que el legislador y las autoridades no pueden desconocer. Es un hecho notorio que muchos de los ciudadanos compran productos ofrecidos en el espacio público y que el imponer sanciones por esta conducta resulta ser totalmente desproporcionado al querer del legislador, por lo que el objetivo del proyecto es el aclarar que esta conducta no genera la sanción”.

Además de ello, en virtud del pronunciamiento de la Corte Constitucional, las entidades territoriales deben tomar medidas adecuadas para garantizar los derechos de los comerciantes informales.

No obstante, en días recientes la Policía Nacional ha adelantando campañas para promover la no compra de productos o servicios que se ofertan en espacios públicos, aduciendo que la conducta se encuentra descrita como contravención.

“Es esta situación la que conlleva a que sea el Congreso de la República el que aclare que no resulta procedente la imposición de las órdenes de comparendo por estas conductas, cuando fue el mismo legislador el que, durante el trámite de la Ley, decidió no sancionar la conducta con la que ahora están sancionando a los ciudadanos”.